El Ministerio Publico formaliza su denuncia contra el ex presidente Bartomeu y otros directivos por abonar unos 3 millones de 2014 a 2018 al ex árbitro Enríquez Negreira.

La denuncia de la Fiscalía de Barcelona por el "caso Negreira" ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El Ministerio Público acusa al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, a sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler. Acusa además al propio club como persona jurídica, por un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. 

La Fiscalía señala que:

"A través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial", con el denunciado Enríquez Negreira.

Ese acuerdo se basaría en que, en su calidad de vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira,

"a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones"-

El Ministerio público recuerda que:

"la designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del CTA, que además realiza evaluaciones (en las que participaba el denunciado) para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros y propone los candidatos a árbitros internacionales".

En este sentido, la Fiscalía remarca que los pagos a Negreira se hicieron a través de dos sociedades, Dasnil 95 y Nilsad, de las que eran administradores el ex arbitro y que entre 2014 y 2018, el periodo investigado, recibió 2,97 millones de euros del Barça. Señala que estas sociedades "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes" del club azulgrana y que el efectivo era retirado con cheques al portador cobrados por empleados del ex árbitro y le entregaban el dinero en efectivo "desconociéndose el destino definitivo de las detracciones realizadas".

También destaca que cuando Enríquez Negreira fue relevado de la vicepresidencia del CTA en el mes de mayo de 2018, el Barça "puso fin a todos los pagos". La investigación comenzó con una inspección de Hacienda al Barça por el impuesto de sociedades de 2015 a 2018 y el IVA de 2015 a 2017 por los pagos en las facturas de las sociedades del ex árbitro.

Hacienda reclamó:

"La identificación de los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios así como copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FC Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida. En consecuencia, se consideró no deducible el gasto en el Impuesto sobre Sociedades así como el IVA soportado por el obligado tributario por cuanto no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del club".

En 2021 el Barça admitió la regularización del impuesto de sociedades abonando 404.249,52 euros, más otros 52.324,74 de intereses de demora.

"Por tanto, las facturas perdieron la presunción de validez del acto que incorporaban, a pesar de acreditar el pago efectivo, cuando de la actuación de comprobación e investigación llevada a cabo por la Inspección de los Tributos se concluyó que dichas facturas no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas antes referidas ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada por aquellas", señala la Fiscalía ante una posible falsedad documental.

Burofax amenazante

El escrito añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FC Barcelona los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo del ex árbitro. Luego le entregaban el dinero en efectivo. Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax.

La Fiscalía también señala que en febrero de 2019 Enríquez Negreira envió un burofax, tal y como adelantó "El Mundo"; al Gabinete de Presidencia del FC Barcelona, en concreto a Bartomeu, "recriminándole el cese de la relación mantenida en el tiempo, exigiéndole alcanzar una solución justa para ambas partes y advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo,".

En este sentido, se reproduce el mensaje en la denuncia:

"Personalmente no profeso animadversión hacia ninguna persona del Club, ni contra usted ni especialmente contra el Sr. Rosell o el Sr. C, y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del Club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial. Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación. Tanto usted como el Sr. Rosell, como Vicepresidente y Presidente y viceversa, por no citar a más, convinieron conmigo los acuerdos que hoy ustedes pretenden incumplir impunemente".

La denuncia señala que el Barça pagó desde el 2001 al 2018 al ex árbitro durante su vicepresidencia en el CTA, más de 7,3 millones de euros según el histórico de importes facturados anualmente por las sociedades de Negreira.

"Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", indica el fiscal quien recuerda además que entre 2011 y 2014, durante la presidencia de Rosell, se pagaron dos millones de euros.

Barça en riesgo

Si bien es cierto que Joan Laporta está intentando mandar un mensaje de calma, la decisión de la Fiscalía de denunciar al club por corrupción continuada enciende una alarma más en los despachos del Camp Nou, a la espera de conocer aún posibles consecuencias.

El abogado penalista José María de Pablo ha escrito un extenso y detallado hilo en Twitter en el que ha explicado el caso punto por punto y las posibles consecuencias que podría tener para el club. Y la más grave podría llegar a la disolución.

"Según la gravedad de los hechos, las penas podrían ir desde la suspensión de actividades hasta cinco años, la clausura de locales por el mismo plazo, la prohibición de realizar las actividades en las que se cometió el delito... e incluso, la disolución del club"